13/2/2026 | CATEGORÍA: Derecho tributario
El Gobierno publicó el Decreto Legislativo N.º 1716, que modifica la Ley Penal Tributaria (D. Leg. 813) con el objetivo de actualizar los tipos penales frente a nuevas modalidades de fraude vinculadas al uso del Registro Único de Contribuyentes (RUC), los comprobantes de pago electrónicos y el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT).
La norma fue publicada el 4 de febrero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano y resulta aplicable a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia.
Uno de los principales cambios se encuentra en la modificación del artículo 5-A de la Ley Penal Tributaria. El decreto establece sanción penal para quien proporcione información falsa, a sabiendas, con ocasión de la inscripción o modificación de datos en el RUC.
La conducta se configura cuando dicha información permite al contribuyente habilitarse para la emisión de comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito, notas de débito u otros documentos tributarios.
La pena prevista es privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, además de 180 a 365 días-multa, conforme al texto incorporado por el Decreto Legislativo N.º 1716.
La reforma incorpora el artículo 5-E a la Ley Penal Tributaria, tipificando como delito las conductas vinculadas a la falsificación o adulteración de constancias de depósito del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT).
Se sanciona a quien:
En estos supuestos, la pena prevista es no menor de cinco ni mayor de ocho años de privación de libertad, además de la multa correspondiente.
La reforma se enmarca en la necesidad de actualizar los tipos penales frente al uso masivo de comprobantes electrónicos y documentos digitales dentro del sistema tributario.
Según la propia norma, se busca fortalecer el marco penal frente a nuevas modalidades de fraude vinculadas a la emisión electrónica y al uso indebido de mecanismos como las detracciones.
En esa línea, la administración tributaria ha señalado que las modificaciones refuerzan la capacidad del Estado para detectar y sancionar conductas como la falsificación, adulteración o uso indebido de información tributaria digital.
